ANTECEDENTES 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA COMPARTEL DE CONECTIVIDAD EN BANDA ANCHA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

1.1. ANTECEDENTES

De acuerdo con lo establecido en la ley de servicios públicos domiciliarios (ley 142 de 1994), y en el numeral 1 del artículo 24 del decreto 1130 de 1999, modificado por el decreto 2324 de 2000, el Fondo de Comunicaciones tiene como función 1. Financiar planes y programas de inversión destinados a la instalación, operación o el mantenimiento de proyectos de telecomunicaciones sociales, en especial el desarrollo de programas de telefonía social y financiar y ejecutar, los destinados a la expansión de las Tecnologías de la Información.

El decreto 899 de 1999, estableció que los programas de telefonía social son aquellos que tienen por objeto promover y financiar proyectos para la prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y urbanas del territorio nacional, caracterizadas por la existencia de usuarios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.

El Programa Compartel de Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas objeto del presente proceso de contratación está enmarcado dentro de los lineamientos de política establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario en cuanto a: i) Brindar seguridad democrática a través del desarrollo de infraestructura física. ii) Impulsar el crecimiento económico mediante el acceso a las Tecnologías de la Información y de Comunicaciones. TICs, y iii) Construir equidad social mediante el acceso a la infraestructura a las zonas rurales.

El Programa Compartel de Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas se desarrollará de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a: i) Acceso a la infraestructura de la información, ii) Educación y capacitación en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y iii) Generación de contenido relevante en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Sector Educativo

Desde 1999 el Ministerio de Educación Nacional - MEN inició un ambicioso programa de dotación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a establecimientos de Educación Media Técnica en todo el país, financiado con los aportes recaudados por concepto de la Ley 21 de 1982 . A las 757 aulas adquiridas a través del proyecto de Informática y Bilingüismo (fase I), se sumaron 650 aulas nuevas con características similares y conexión a Internet (fase II), cuya instalación culminó en abril de 2002.

De las 757 aulas instaladas por el MEN en la primera fase, 16% se encuentran en zonas rurales, 73% en zonas urbanas y 11% en zonas semirurales. Ninguna de ellas fue dotada inicialmente con conexión a Internet. La fase II de este programa, consiste en la instalación de 650 aulas adicionales, que fueron inicialmente conectadas a Internet.
Como complemento al avance presentado por el Ministerio de Educación Nacional en materia de provisión de infraestructura, se cuenta con el esfuerzo del Programa Computadores para Educar, el cual se encarga de reacondicionar computadores dados de baja por empresas del sector público y privado, para luego entregarlos para dotar establecimientos educativos públicos de educación básica y media. A la fecha, el Programa ha recibido en donación aproximadamente 44.960 equipos, de los cuales se han reacondicionado aproximadamente el 45%. El programa Computadores para Educar ha beneficiado cerca de 2.591 Instituciones educativas, ubicadas en más de 700 municipios de los 32 departamentos y del distrito capital del país. En el 2003 se beneficiaron 1.256 Instituciones adicionales, con la dotación de 11.778 equipos de cómputo, con un módem y por lo menos uno con multimedia por aula, y la capacitación y acompañamiento educativo por 16 meses.

De acuerdo con el informe Medición de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs del DANE, los establecimientos educativos que respondieron la encuesta sobre TICs fueron 51.508, equivalentes al 87.1% del total nacional. De estos, 43.085 corresponden al nivel oficial o público y 8.423 al nivel no oficial. En relación con los establecimientos no oficiales, 4.808 reportan tener computador y 1.773 tienen acceso a Internet. De otro lado, del universo de establecimientos educativos públicos, 9.452 reportaron tener computador, de los cuales 2.016 tienen acceso a Internet. Es decir, que existe una demanda potencial de 7.493 establecimientos educativos que en un período de 4 años pueden ser cubiertos con infraestructura de acceso a Internet, sin contar con aquellos establecimientos educativos que sean beneficiados de manera adicional durante este período.

Con relación al tipo de conexión a Internet, el estudio del DANE muestra que de los establecimientos públicos con conexión a Internet (2.016), el 79.6% (1.604) tiene acceso conmutado, el 6.35% (128) tiene acceso vía RDSI, el 4.41% (89) se conecta por cable, el 4.12% (83) tiene acceso satelital, el 1.93% (39) lo hace a través de fibra óptica, el 1.69% (34) a través de XDSL, el 0,4% (8) mediante acceso inalámbrico y el 1.5% (31) lo hace a través de otra tecnología.

De otro lado, según información del DANE, el total de computadores en los establecimientos educativos a nivel nacional es de 145.455, de los cuales el sector público concentra el 57% y el privado el 43%. Los departamentos que concentran el mayor número de computadores son Bogotá D.C, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Valle, con una participación del 60% de los computadores de todo el páis, ya que estos departamentos concentran el 50% de los alumnos matriculados en todos los niveles de enseñanza del territorio nacional y el 40% de los establecimientos.

Del estudio realizado por el DANE, se desprende que los establecimientos educativos situados en la zona urbana concentran el 87% de los computadores (127.063), en tanto que la zona rural posee el 13% de los mismos (18.392). A nivel departamental se presenta el mismo comportamiento que en el nivel nacional, con una alta participación de la ciudad y los departamentos de Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Valle (66%).